En conferencia de prensa, realizada este viernes 21 de abril, en el Paraninfo Institucional, el Rector de la UNT Dr. Carlos Alberto Vásquez Boyer, junto a los funcionarios de Asesoría Jurídica, Servicios Generales y la Unidad Ejecutora de Inversiones, reveló los resultados de un informe estructural que la actual gestión encargó a una empresa consultora, cuyos resultados recomiendan la demolición tanto del bloque A y bloque B de la inconclusa obra del Pabellón de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

“Se ha ocasionado un perjuicio de aproximadamente 2 millones en cifras de aquella época, pero que valorizadas a moneda actual ahora equivalen a 10 millones 500 mil soles”, expresó la autoridad universitaria, al tiempo de comunicar que se ha interpuesto una denuncia penal por la presunta comisión del delito de colusión agravada en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de La Libertad contra la empresa responsable de la ejecución y contra la empresa supervisora.

De acuerdo al documento hecho público por el Rector de la UNT, Dr. Carlos Vásquez Boyer se atribuye el delito de colusión agravada al Consorcio Ingenieros y Arquitectos Asociados integrados por la empresa Arquitesq Proyectos y Construcciones SRL como coautores del delito de colusión agravada en agravio del Estado (Universidad Nacional de Trujillo).

Igualmente, al Consorcio Empresarial Trujillo, representado por Santiago Milciades Sánchez Hurtado e integrado por las empresas PCD SAC y Home SAC en grado de cómplices primarios de la comisión del delito colusión agravada en agravio del Estado (Universidad Nacional de Trujillo). El mismo escrito deja abierta la posibilidad que la misma Fiscalía identifique otros responsables o la comisión de otros tipos penales adicionales al ya denunciado.

Cabe anotar que el Rector en ejercicio desde el 11 de marzo del 2020 encontró como pasivo de la anterior gestión del ex rector Orlando Gonzáles Nieves la obra "Mejoramiento del servicio de formación académico profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNT", el mismo que consistía en un nuevo edificio paralelo a la actual Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNT con el sistema dual, es decir dos bloques A y B de cinco pisos cada uno.

Es precisamente en la actual gestión que se suscribe un contrato (039-2022-PS/ABAST.UNT) con el Consultor Hugo Javier Espinoza Salcedo para que realice un estudio estructural denominado "Evaluación y diagnóstico estructural del Mejoramiento del servicio de formación académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNT".

Este estudio se solicitó para verificar la factibilidad de seguir construyendo encima de la edificación existente. Al respecto se emitió el informe estructural que recomienda la DEMOLICIÓN tanto del bloque A y Bloque B, porque la resistencia del concreto conforme a las muestras con diamantina no cumple con la resistencia mínima a la compresión de 280 kg/cm. Igualmente las columnas y las vigas no cumplen con los requerimientos del diseño establecido en el expediente técnico, entre otras falencias técnicas derivadas de un pésimo desarrollo del proceso constructivo de la obra.

Este informe fue refrendado por una Comisión Técnica integrada por profesionales de la Escuela de Ingeniería Civil, avalando las recomendaciones formuladas por el Consultor Ing. Hugo Javier Espinoza Salcedo. Esto conlleva sin duda un perjuicio económico e institucional tanto para el Estado como para la comunidad universitaria debido a las deficiencias en la ejecución de la obra.

La autoridad universitaria también llamó la atención sobre el hecho que en el ejercicio de la gestión pasada (9 de octubre de 2018) el consultor presentó su primer entregable que a su vez recomendaba 100 pruebas complementarias de muestras con diamantina. Y que en diciembre del 2019 hayan determinado continuar con la construcción, hecho que tiene visos de ilegalidad debido a que los profesionales que avalaron un informe pese a las deficiencias estructurales de ambos bloques no advirtieron de ello en sus respectivos, por lo que invocó a la fiscalía iniciar las investigaciones pertinentes por contener hechos de relevancia penal.